EL PADRINO DE LA GUERRA AJENA:
HUGO CHÁVEZ Y LAS FARC
A partir de los archivos de Raúl Reyes, se logra examinar uno de los episodios más controvertidos de la política latinoamericana reciente: la relación entre el gobierno de Hugo Chávez y las FARC. Los documentos sugieren que, más allá de la retórica de mediación o “hermandad bolivariana”, se habría tejido una red de cooperación financiera, logística y diplomática que favoreció a la insurgencia colombiana. La revisión de estas evidencias permite iluminar un capítulo poco transparente de la geopolítica regional y cuestionar los vínculos entre ciertos proyectos del socialismo del siglo XXI y actores armados en América Latina.
Por Carlos Díaz
Fotografía de Iván Márquez y Hugo Chávez
La historia contemporánea de América Latina difícilmente hallará un episodio más controvertido que la alianza estratégica entre el gobierno de Hugo Chávez y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo el manto de una supuesta “hermandad bolivariana”, se configuró una red de apoyo que rebasó la afinidad ideológica para convertirse en una infraestructura logística, financiera y política orientada a favorecer a una organización armada. Los documentos internos de la guerrilla, recuperados de los ordenadores de sus cabecillas, sugieren una cooperación sostenida: el Palacio de Miraflores no actuó como mediador neutral, sino como espacio de resguardo y fuente de recursos para actores que sostenían la guerra en Colombia. Este texto se basa en los archivos de Raúl Reyes, publicados por The International Institute for Strategic Studies en 2011.
La chequera de la “Revolución”
El apoyo financiero fue, quizá, el componente más delicado de esta relación. No se trataba solo de aportes menores, sino de la eventual disposición de recursos públicos venezolanos para sostener la operación de las FARC. Un caso destacado es la supuesta entrega de 300 millones de dólares, una cifra concebida para dar oxígeno estratégico a la insurgencia en un periodo de presión militar. Según comunicaciones de Iván Márquez, el propio Chávez “aprobó totalmente y sin pestañear la solicitud (300)” (I. 2809, noviembre de 2007). Este flujo de capital no se presentaba como préstamo ordinario, sino como un respaldo a una estrategia de desestabilización regional.
El pragmatismo financiero llegaba al punto de considerar negocios conjuntos para blanquear recursos o generar utilidades bajo la fachada de empresas legales. Rodrigo Granda, el llamado “canciller” de las FARC, aludía a la posibilidad de aprovechar contratos estatales en Venezuela para un beneficio compartido. En una misiva, se discutía la participación en una empresa eléctrica española que operaba en el estado de Apure: “Sí existe la voluntad de ayudar esta operación nos dejaría un millón doscientos mil dólares... no hay el más mínimo riesgo ni para el gobierno ni para nosotros” (I. 362, febrero de 2002). El gobierno chavista, incluso en contra de los intereses nacionales de los venezolanos, promovió una estrategia internacional de desestabilización política de un país vecino, a poner sus instituciones en condiciones de facilitar el lucro de una organización ilegal.
Durante los últimos años de Manuel Marulanda, la guerrilla veía en la chequera de Chávez un recurso decisivo. Las FARC estimaron la necesidad de “230 millones de dólares donde descansa el futuro desarrollo de FARC” (I. 1759, mayo de 2006), y buscaron en Venezuela el respaldo para este estímulo financiero que les permitiera prolongar su guerra al Estado colombiano. La complicidad económica habría sido tan estrecha que mandos guerrilleros celebraban cómo el bolivariano les permitía “reconquistar un espacio político en el campo internacional” (I. 2831, noviembre de 2007) mediante embajadas y recursos diplomáticos.
Venezuela: la retaguardia del crimen organizado
Venezuela dejó de figurar como un vecino distante para convertirse en un espacio de retaguardia de las FARC. El gobierno de Chávez habría permitido que altos mandos de la guerrilla se desplazaran con amplia libertad por su territorio, otorgándoles incluso protección y documentos de identidad oficiales. Rodrigo Granda, por ejemplo, contaba con respaldo estatal para su seguridad y movilidad: “El nombre apareció en la Gazeta Oficial como nuevo ciudadano venezolano, con todas las de ley” (I. 772, julio de 2004). Esta nacionalización expedita de integrantes de la mayor amenaza que enfrentaba el Estado colombiano en aquellos años tensionó los compromisos de seguridad internacional y la relación bilateral, pues un país vecino se convirtió en la retaguardia estratégica de una organización armada que pretendía derrocar el gobierno existente y hacerse con el poder.
La infraestructura del estado venezolano habría quedado disponible para la logística guerrillera. Los documentos indican que delegaciones de las FARC se alojaban en instalaciones militares de Caracas bajo protección gubernamental. Iván Márquez reportaba su llegada a la capital venezolana para entrevistas de alto nivel: “Nos encontramos en fuerte Tiuna bajo la seguridad y cálida recepción del capitán Rodríguez” (I. 2789, octubre de 2007). Fuerte Tiuna, un centro neurálgico del poder militar venezolano, aparecía como lugar de estancia de quienes coordinaban acciones contra el Estado vecino.
El apoyo logístico incluía la creación de canales de comunicación reservados, gestionados por funcionarios de confianza de Chávez, como Ramón Rodríguez Chacín. Este último operaba como enlace directo con el propósito de eludir la vigilancia de las autoridades colombianas. Según reportes internos, Chávez quería “establecer comunicación directa con el Secretariado, mediante un canal discreto que permita intercambios fluidos con respuestas oportunas” (I. 1854, junio de 2006). Este grado de coordinación técnica indica una relación estable y un patrón de cooperación entre agentes estatales e insurgentes.
De beligerantes hacia jefes de Estado…
Uno de los servicios más relevantes que Chávez habría prestado a las FARC fue su intento de mejorar su imagen internacional y asignarles un estatus político que no tenían reconocido en la arena global. Al solicitar que se les retirara de listas internacionales de organizaciones terroristas, Chávez buscaba transformar a un grupo armado en una “fuerza beligerante”. Los mandos de las FARC celebraron este gesto como una ganancia política: “El reconocimiento de FARC por Chávez y la Asamblea Nacional de Venezuela, como fuerza beligerante es para nosotros un momento estelar” (I. 2948, enero de 2008).
Esta estrategia diplomática no se presentaba como simple mediación, sino como herramienta de disputa política. Las FARC entendían que Chávez les abría una tribuna para cuestionar al gobierno de Álvaro Uribe. En comunicaciones del Secretariado, se afirmaba que la mediación por el intercambio humanitario les permitía “colocar al Jefe de las FARC a la par de Uribe en cuanto actores y protagonistas” (I. 2618, septiembre de 2007). De esta manera, Chávez habría usado su influencia regional para fortalecer a la guerrilla,
otorgándole un grado de legitimidad que no había consolidado en la esfera pública colombiana.
Incluso la propuesta de crear un “Grupo de Contadora” contemporáneo, con países afines a la revolución fariana, fue interpretada por la guerrilla como un “reconocimiento de facto a la beligerancia de FARC” (I. 2989, febrero de 2008). El objetivo habría sido aislar diplomáticamente a Colombia y empujarla a negociar en términos favorables a la insurgencia, en un diseño impulsado desde Miraflores, con ambivalencias que los propios guerrilleros insinuaban en cartas privadas al referirse a los vínculos entre Chávez y Uribe.
Busto de Manuel Marulanda y mural de Raúl Reyes en Caracas
La alianza del rifle
La relación entre Chávez y las FARC habría tenido una dimensión bélica de alto nivel. Aunque en público el mandatario venezolano hablaba de paz, en privado sus emisarios discutían la provisión de material bélico y la coordinación de corredores de seguridad en la frontera. Raúl Reyes, en sus comunicaciones, pedía apoyo para obtener armas de alto impacto: “necesitamos los misiles, fusilería, ametralladoras punto 50... para responder con fuerza a los planes de exterminio de Bush-Uribe” (I. 1854, junio de 2006).
Los documentos también mencionan gestiones para adquirir armamento mediante contactos rusos, señalando que Chávez habría tratado esas opciones: “Chávez sí habló en las dos entrevistas sobre opciones de conseguir armas con los rusos” (I. 551, abril de 2003). Esta disposición a operar como intermediario para una guerrilla suponía una transgresión seria de normas internacionales de convivencia entre estados.
Más inquietante es la mención de materiales estratégicos como el uranio. En una nota de febrero de 2008, Raúl Reyes comentaba sobre una oferta que podría interesar al gobierno venezolano: “ofrecen 50 kilos de Uranio... se me ocurre que Ángel [Chávez] puede tener interés en este producto para sus amigos de lejanas tierras” (I. 2989, febrero de 2008). Aunque la disponibilidad del material sea discutible, el hecho de que se planteara como tema de intercambio entre la guerrilla y el presidente venezolano sugiere una proyección transnacional de su vínculo.
Propaganda y trabajo ideológico
Chávez no solo habría apoyado a las FARC con dinero y armas, sino que les habría abierto espacios dentro de su aparato comunicacional. Telesur, Vive TV y otros medios estatales venezolanos se habrían usado para difundir la narrativa guerrillera y cuestionar a la institucionalidad colombiana. El Secretariado de las FARC destacaba cómo Chávez ponía “toda su capacidad comunicacional y su influencia para crearle el mejor ambiente a la necesidad del canje [de secuestrados por guerrilleros presos]” (I. 2551, agosto de 2007).
La creación y el fortalecimiento de organizaciones como la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) fueron relevantes en este esfuerzo. Chávez habría financiado movilizaciones y campamentos juveniles para captar apoyos internacionales para las FARC. En una ocasión, se reportó que el transporte y la logística de una
marcha hacia Caracas corrían “por cuenta de Venezuela (Fredy, los alcaldes y gobernadores bolivarianos)” (I. 570, julio de 2003). El propósito era construir una base social bolivariana que sirviera de soporte político para las actividades de la guerrilla en la región.
Incluso algunos partidos políticos habrían recibido orientaciones para colaborar con cuadros guerrilleros. Se organizaron cursos ideológicos y políticos donde las FARC formaban a militantes venezolanos, estrechando vínculos entre la insurgencia armada y el partido de gobierno: “El Camarada Timo, me dice que está esperando la llegada a curso de al menos 40 cuadros del PCV” (I. 2309, marzo de 2007). Esta proximidad entre un partido político venezolano y una guerrilla extranjera apunta a una agenda de proyección regional sustentada en aliados armados colombianos.
Chávez: el desestabilizador regional
La estructura de apoyo que Hugo Chávez habría articulado para las FARC no se perfila como un gesto de solidaridad por los secuestrados por la guerrilla, sino como un proyecto geopolítico personalista que afectó la seguridad de amplios sectores colombianos y venezolanos. Chávez habría incumplido compromisos del derecho internacional al respaldar a un actor señalado por prácticas como el secuestro, el narcotráfico y el asesinato. Su facilitación humanitaria aparece, en estos documentos, como una cobertura para “relanzar mundialmente a las FARC y su geopolítica en la región” (I. 2626, septiembre de 2007).
Conviene subrayar que, bajo la retórica de la Unidad Latinoamericana, se habría configurado un pacto de proyección clandestina. Mientras Chávez afirmaba en televisión que “las FARC no son derrotables militarmente” (I. 2841, diciembre de 2007), sus oficiales en la frontera habrían coordinado con frentes guerrilleros para proteger campamentos frente a operaciones del ejército colombiano. Esta ambivalencia habría prolongado el conflicto en Colombia y habría contribuido a la expansión de prácticas de violencia y corrupción en Venezuela.
La historia juzgará a Hugo Chávez en función de las consecuencias de sus decisiones y de la evidencia disponible. Sus acciones, según los documentos citados, mostrarían que el llamado socialismo del siglo XXI se apoyó en vínculos con organizaciones armadas y circuitos del crimen organizado. La santa alianza entre Miraflores y los subversivos de Colombia queda como registro de una deriva antidemocrática y del uso de recursos estatales para sostener una guerra cuya legitimidad ha sido cuestionada por amplios sectores de la sociedad colombiana.
Investigaciones recientes de Insight Crime han puesto de relieve los estrechos vínculos entre el gobierno de Nicolás Maduro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), pues los estados venezolanos fronterizos con Colombia funcionan como un santuario para las economías ilegales de la guerrilla y como espacio estratégico para hostigar a la fuerza pública y a la población civil en Colombia. Hugo Chávez abrió la puerta para que grupos insurgentes actuaran como fuerzas paramilitares de la revolución venezolana, y sus consecuencias aún se perciben.
SIGUIENTE LECTURA
Carlos Díaz
Es historiador colombiano de la Universidad Nacional de Colombia y doctor en Historia de El Colegio de México. Sus investigaciones se concentran en la construcción del Estado en América Latina, para lo cual ha contribuido a la recuperación y activación de archivos históricos.
MÁS LECTURAS DE CARLOS DÍAZ
