En América Latina, la seguridad ya no se entiende solamente como la defensa de las fronteras ni como la persecución del delito común. En varios países, las amenazas se mueven entre puertos, cárceles, redes digitales, selvas, barrios periféricos y corredores de frontera. A veces están acompañadas de armas. Otras veces tienen empresas, rutas, cuentas bancarias y funcionarios a su alcance. Su objetivo no siempre consiste en derrotar al Estado, sino en disputar espacios, condicionar decisiones y hacer rentable la ilegalidad. La finalidad es construir santuarios criminales vedados a la injerencia estatal.

Por eso, hablar de guerra híbrida o de amenazas asimétricas exige cierta prudencia. No se trata de aplicar una fórmula importada a realidades distintas, sino de observar cómo cada Estado nombra aquello que lo inquieta. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú coinciden en reconocer que el crimen organizado, las economías ilícitas y la violencia política o territorial han modificado el lenguaje de la seguridad. Los remedios, sin embargo, son variados.

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De las guerrillas a los grupos criminales
Durante la Guerra Fría, la Revolución cubana y la disputa hemisférica entre Estados Unidos y la Unión Soviética estimularon el surgimiento de guerrillas comunistas y nacionalistas en América Latina, orientadas a promover proyectos revolucionarios de inspiración socialista. Después de 1959, aparecieron o se consolidaron organizaciones armadas en Argentina, como Montoneros; Colombia, como las FARC, el ELN, el M 19 y el EPL; El Salvador, como el FMLN; México, alrededor de Lucio Cabañas; Nicaragua, con el FSLN; Perú, con el MIR, el ELN y Sendero Luminoso; Uruguay, con los Tupamaros, y Venezuela, con las FALN, entre otros casos. En este proceso, Cuba desempeñó un papel relevante como referente político, campo de entrenamiento y apoyo logístico, aunque la trayectoria de cada organización dependió de condiciones nacionales específicas.

La respuesta norteamericana a estos desafíos a su poderío regional fue la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que promovió la construcción de enemigos internos en América Latina. Bajo este marco, los guerrilleros, sus simpatizantes políticos y, en numerosos casos, personas asociadas con organizaciones de izquierda fueron tratadas como amenazas al orden político. Esta concepción favoreció políticas contrainsurgentes, persecuciones estatales y formas de violencia que desbordaron el combate contra organizaciones armadas, como detenciones ilegales, torturas y desapariciones forzadas.

El final de la Guerra Fría incentivó la desmovilización de varios grupos armados existentes en ese momento, ya fuera por derrota militar y política, como ocurrió con Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru en Perú; por el reconocimiento de un empate militar costoso, como sucedió en El Salvador entre el FMLN y el Estado; o por la combinación de debilitamiento estratégico y negociación, como pasó con el M 19 y, años después, con las FARC en Colombia.

En la actualidad, la única guerrilla latinoamericana surgida en los años sesenta que permanece activa es el ELN de Colombia, cuya presencia se ha extendido hacia estados occidentales de Venezuela. Si bien no cuenta con la capacidad organizativa necesaria para aspirar a la toma armada del poder nacional, conserva fuerza militar y política suficiente para producir desestabilización, sostener una guerra de desgaste y cooptar gobiernos locales. Además, su doctrina milenarista tiende a excluir el tiempo de sus cálculos estratégicos, pues supone que alguna fractura en la integridad estatal, en diez, cincuenta o cien años, abrirá la situación revolucionaria necesaria para el advenimiento del orden social prometido por sus sacerdotes-comandantes, sin importar la sangre derramada en el camino. En esa concepción, el regreso al paraíso no tiene fecha de caducidad.

De los fallos en la desmovilización de las guerrillas y de grupos paramilitares, como las contras nicaragüenses o las autodefensas colombianas, surgieron organizaciones criminales que heredaron parte de las economías ilícitas de las antiguas agrupaciones armadas. Estas nuevas asociaciones del crimen controlan actividades económicas transnacionales como el narcotráfico, la minería de metales preciosos, minerales estratégicos y tierras raras, la trata de personas y otros negocios. Estos nuevos empresarios ilegales aprovechan las crecientes redes de circulación de información, capitales y mercancías que caracterizan a la globalización, con el fin de producir bienes codiciados en los mercados mundiales: drogas y minerales. Estas organizaciones, por lo demás, no tienen como objetivo la toma armada del poder nacional, pues aspiran, sobre todo, a controlar gobiernos locales capaces de brindar complicidad y protección a sus negocios.

En suma, los nuevos grupos criminales no son ejércitos irregulares que aspiran a convertirse en fuerzas estatales, sino agrupaciones más pequeñas y con recursos suficientes para adquirir drones y otras armas de punta. Su violencia se orienta a proteger la operación de sus rentables inversiones ilegales. De ahí la dificultad que enfrentan los estados para caracterizarlos y combatirlos, pues son versátiles y móviles, mientras la doctrina militar sufre de inercia institucional. Además, sectores importantes de la clase política latinoamericana han sido históricamente tolerantes, cuando no simpatizantes, con estos grupos de “nuevos ricos”. Una solución provisional a esta dificultad conceptual es el uso de la expresión “guerra híbrida”.

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Usos y significados de la “guerra híbrida”
Acerca de la “guerra híbrida” no hay consenso, cada país la define y afronta de forma diferente, pues los nuevos fenómenos tensan la tradicional clasificación seguridad-policía y defensa-fuerzas militares. En este sentido, las autoridades argentinas han tomado la postura más cautelosa. Su Ministerio de Defensa advierte sobre el “riesgo de la importación de doctrinas”, entre ellas la “denominada guerra híbrida y sus múltiples variantes”, porque podrían resultar “desprofesionalizantes” para las Fuerzas Armadas. Tras esa prevención está la memoria de la Doctrina de Seguridad Nacional y de sus efectos sobre la vida política. La conclusión argentina es clara: narcotráfico, terrorismo y criminalidad organizada pertenecen a la seguridad interna, no al Sistema de Defensa Nacional.

Sin embargo, esa separación doctrinal no elimina el problema. El propio Estado argentino reconoce que la narcocriminalidad y la marginalidad social pueden facilitar el control territorial de grupos criminales en zonas determinadas. La paradoja es evidente: el país busca impedir que las Fuerzas Armadas vuelvan a ocupar funciones de seguridad interior, pero al mismo tiempo observa que algunos grupos delictivos adquieren poder territorial, capacidad de intimidación y presencia social.

El gobierno de Brasil parte de otra premisa. Allí el sector defensa reconoce que los conflictos del futuro pueden tener origen impreciso, estructuras de mando difusas y un uso intenso de las redes sociales. Su doctrina menciona guerras de información, conflictos de pequeña escala, drogas, ilícitos transnacionales, actos terroristas y grupos armados al margen de la ley, como son el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho. En esa lectura, la frontera entre defensa y seguridad no desaparece, pero se vuelve más porosa. El Estado debe vigilar ríos, ciudades, cárceles, fronteras y circuitos financieros.

El Estado chileno formula con mayor claridad la categoría de amenazas híbridas. Las define como actividades hostiles que combinan métodos convencionales y no convencionales, entre ellos desinformación, ciberataques, terrorismo, sabotaje e insurgencia, sin cruzar necesariamente el umbral de una agresión militar convencional. También considera que el crimen organizado transnacional puede constituir una amenaza para la seguridad nacional.

En Colombia, marcada por décadas de conflicto armado, el gobierno usa otra voz: multicrimen. Con ella designa a grupos armados organizados y grupos delictivos organizados que amenazan la vida y los derechos ciudadanos, entre los que se encuentran el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones posparamilitares como el Clan del Golfo de Urabá. La expresión busca captar una mutación: actores que ya no viven de una sola renta ni obedecen a una sola causa. Coca, cocaína, minería ilegal, extorsión, corrupción y contrabando forman un portafolio que les da continuidad territorial y recursos políticos.

Las entidades de seguridad mexicanas, por su parte, reconocen que sus Fuerzas Armadas deben ser modernas y adaptables ante amenazas asimétricas. En su diagnóstico, el crimen organizado transnacional, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo se ubican entre las principales amenazas a la seguridad nacional. La experiencia mexicana muestra que los grupos criminales pueden disputar rutas, ciudades y economías locales sin necesidad de presentarse como ejércitos regulares, que es como operan, por ejemplo, el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, que son las principales organizaciones delictivas del país.