Álvaro Gómez: el conservador anti-prohibicionista
Por Gilberto Ramírez Espinosa
Respecto al narcotráfico, Gómez sostuvo una posición nada común con otros políticos conservadores. El narcotráfico constituía un problema no solamente porque abatiera el espíritu y acabara con la libertad de los consumidores, sino debido a que su existencia respondía a la ley de oferta y demanda, de modo que la intervención del Estado mediante la prohibición generaba incentivos para los empresarios de esta industria.
Queremos cerveza, marcha en Nueva York contra la prohibición el 14 de mayo 14 de 1932
Uno de los protagonistas de la historia contemporánea de Colombia ha sido el tráfico de drogas, de la cocaína en especial. No hay colombiano que no tenga un juicio acerca de este fenómeno y, por supuesto, no hay político de peso que no ofrezca una solución al respecto. Así pudo constatarse una vez más en las pasadas elecciones presidenciales, especialmente durante la segunda vuelta, cuando los candidatos en contienda encarnaron posiciones claramente definidas y contrapuestas. Para Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, el cultivo de coca y el tráfico y consumo de cocaína constituyen un problema que debe abordarse mediante la sustitución voluntaria de “cultivos de uso ilícito”, tal como se les caracteriza oficialmente desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. Su posición expresa, además, una marcada desconfianza frente a la capacidad de las medidas represivas para reducir o impedir el comercio y consumo de cocaína. En cambio, para el presidente electo Abelardo de la Espriella, el mal llamado “narcotráfico”, pues la cocaína es un estupefaciente, pero no un narcótico, debe ser reprimido con la mayor contundencia tanto en su cultivo como en su comercio y consumo.
Las posiciones descritas anteriormente son, en lo fundamental, las mismas que se han contrapuesto desde la consolidación del paradigma prohibicionista, liderado por el gobierno de los Estados Unidos desde comienzos del siglo XX. Sus antecedentes pueden rastrearse en el Volstead Act de 1919, conocido como Ley Seca, y en la Marihuana Tax Act de 1937, que impuso tarifas prohibitivas al cannabis. Sin embargo, fue solamente con la Convención Única de la ONU de 1961 cuando la cocaína fue mencionada como un estupefaciente objeto de preocupación internacional. Desde entonces, la cocaína comenzó a configurarse como un “problema global” y adquirió mayor relevancia durante la presidencia de Richard Nixon, quien declaró la “guerra total” contra las drogas. Esta orientación fue retomada durante la segunda presidencia de Ronald Reagan y tuvo una nueva expresión en la Convención de Viena de 1988. Desde temprano, los gobiernos colombianos se han adherido a esta política prohibicionista, conscientes, unos presidentes más que otros, de que los resultados obtenidos bajo este paradigma no han sido satisfactorios. Se trata de una versión narcótica del respice polum…
En este sentido, llama la atención la frecuencia con la cual el presidente actual, Abelardo de la Espriella, ha invocado la autoridad de Álvaro Gómez Hurtado, el político conservador colombiano y fundador, a su vez, de la Universidad Sergio Arboleda, casa de estudios de la cual es egresado De la Espriella. En particular, en su discurso de la primera vuelta de la elección presidencial, pronunciado a finales de mayo del presente año, citó la caracterización de Gómez Hurtado según la cual “el enemigo de Colombia es el régimen”, sin advertir que, en ese mismo discurso, pronunciado en abril de 1995, Gómez planteó la legalización como una alternativa frente al problema de las drogas. Teniendo en cuenta que el presidente De la Espriella no sólo ha invocado las tesis de Álvaro Gómez, sino que además su proyecto político tiene entre sus pilares al Movimiento de Salvación Nacional, la organización política fundada por Gómez en 1990 y con la que aspiró por tercera y última vez a la presidencia ese mismo año, resulta pertinente reconstruir la historia de dicha propuesta de legalización de las drogas y examinar su formulación.
“¡Cómo nos cuesta, señor embajador, cómo nos cuesta!”
Con el anterior encabezado Álvaro Gómez titulaba, en octubre de 1976, un editorial del diario El Siglo en el cual se refería a los costos que asumiría Colombia en la lucha contra el tráfico de drogas, liderada a escala mundial por el gobierno estadounidense. Según Gómez, ante un negocio tan lucrativo como el de la droga, cuyo precio aumentaba de forma extraordinaria debido a la prohibición mientras la demanda se mantenía prácticamente intacta, era poco lo que un gobierno como el colombiano podía hacer, pues, en últimas, dicho mercado resultaba más poderoso que un Estado como el nuestro. Por ende, la capacidad de las organizaciones dedicadas a esta actividad económica para corromper, cuando no doblegar por la fuerza, a las autoridades judiciales y de seguridad colombianas, formaba parte de los efectos que Gómez vislumbraba para ese mercado y que se materializaron durante las décadas de 1980 y 1990.
En el marco, especialmente, de un nuevo tratado de extradición con los Estados Unidos que incluyera el tráfico de drogas entre los delitos sujetos a este procedimiento, el cual fue propuesto durante la presidencia de Julio César Turbay y aplicado bajo los posteriores gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco, se registraron dinámicas que Gómez había vinculado con los efectos de esa política. Los distintos capos de la droga, especialmente bajo el liderazgo de Pablo Escobar, no sólo emprendieron una decidida campaña política contra la extradición sino que recurrieron a métodos violentos para neutralizar a jueces, periodistas, policías y políticos, entre otros actores, que participaban en la represión y cuestionamiento de su lucrativa actividad económica ilegal.
Durante su candidatura presidencial de 1986, si bien Álvaro Gómez mantuvo el diagnóstico planteado una década antes, sólo hizo explícita su propuesta en torno a la legalización de las drogas en su rol de candidato durante las elecciones presidenciales de 1990. Dadas las condiciones de violencia que atravesaba el país, de las cuales eran responsables en buena medida los traficantes de drogas, vinculados directa o indirectamente con el asesinato de tres candidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro), las campañas de 1990 se desarrollaron principalmente a través de los medios de comunicación, en particular la prensa, la radio y la televisión. Fue precisamente en la edición de El Tiempo del 23 de mayo, a pocos días de los comicios presidenciales, cuando Gómez resumió su propuesta de legalización de las drogas ante la pregunta por la “solución al problema del narcotráfico”, en lo cual se distinguió de los demás candidatos: César Gaviria, Antonio Navarro y Rodrigo Lloreda.
La propuesta de Álvaro Gómez tenía tres pilares. El primero, que el narcotráfico era, “ante todo, un espectacular negocio, el mejor del mundo”, que producía unas utilidades casi infinitas. El segundo, que Colombia debía “plantear en los foros mundiales la imperiosa necesidad de bajar el precio de la droga en los países consumidores”. El tercero, en cuanto a la legalización, propuso la despenalización puesto que el control de la demanda por métodos policivos estaba fracasando. “Propongo el replanteamiento del problema del narcotráfico y que se comience a pensar en la legalización a nivel mundial”. Contemplaba, además, mantener, aunque de manera subordinada, las medidas vigentes hasta entonces, centradas en la rendición de los capos de la droga ante la justicia colombiana o, en caso de extradición, ante la estadounidense.
Aunque Álvaro Gómez no resultó electo presidente en 1990, la organización por la cual se había candidatizado, el Movimiento de Salvación Nacional, mantuvo una posición crítica frente a la política basada en la prohibición de las drogas y favorable a su legalización o despenalización. Tal postura la ratificó el senador Enrique Gómez Hurtado, hermano de Álvaro, quien, tras ser elegido para el periodo de 1992 a 1994, luego de la revocatoria del Congreso dispuesta por la Constituyente de 1991, se encargó de defender dicha propuesta. Así lo expuso en su libro de 1993, La tragedia de la droga: perspectiva de una solución.
Mientras Álvaro se desempeñaba como embajador de Colombia en Francia, su hermano Enrique, desde el Senado, sostuvo la crítica a la política prohibicionista frente al negocio de las drogas. No solo manifestó su oposición a la aprobación del tratado mediante el cual Colombia formalizaba su adhesión a la Convención de Viena de 1988, entre otras razones porque resultaba incompatible con la prohibición de la extradición establecida en el artículo 35 de la Constitución de 1991, sino que insistió en que resultaba contraproducente la prohibición de un mercado con una demanda tan elevada como el de las drogas. En sus palabras, “no podemos explicarnos la abrumadora atracción del negocio del narcotráfico si desconocemos el dato esencial que lo moviliza: el riesgo que produce la ilegalidad aumenta el precio de la droga 200 veces entre el cultivo y la distribución”, por lo que tampoco resultaba sorprendente “el impresionante poderío de los narcotraficantes”.
La despenalización, en cambio, “pondría el precio a la baja. Al desaparecer el riesgo, disminuirían las utilidades. El monstruo del narcotráfico se achicaría sensiblemente. Se acabaría el interés por el negocio y los niveles de delincuencia y mortalidad se verían reducidos”. De no tomarse en consideración argumentos como el anterior, Enrique Gómez anticipaba que Colombia se convertiría en “un laboratorio experimental de la política internacional antinarcóticos, donde cada año se arrojan a la basura 100.000 conejillos de Indias”. Por lo anterior, sostenía que Colombia debía “asumir un liderazgo en el mundo para buscar la despenalización y terminar, por fin, con el fenómeno del narcotráfico”, ya que, si bien ello no eliminaría el problema de salud derivado del consumo de drogas, al menos permitiría, según Enrique Gómez, que “la droga cause el menor daño posible”.
Pancho Villa en 1920 fumando, al parecer, marihuana, legal entonces en México
“El enemigo de Colombia es el régimen” … del “negocio de la droga”
La posición de los hermanos Gómez frente al problema de las drogas alcanzaría su mayor notoriedad entre 1994 y 1995, con el final del gobierno de César Gaviria y el inicio del de Ernesto Samper. Para entonces, el cartel de Medellín, debilitado tras de la persecución y muerte de Pablo Escobar, a finales de 1993, había cedido en buena medida al cartel de Cali la posición predominante en el negocio del narcotráfico y en la atención de las autoridades, que lo consideraban la principal amenaza en este ámbito.
Cuando el país conoció, hacia mediados de 1995, la financiación que los hermanos Rodríguez habían aportado a la campaña presidencial de Samper, que terminó siendo decisiva para remontar en la segunda vuelta, luego de haber perdido por escasa diferencia frente a Andrés Pastrana, la posición cordial, e incluso favorable, que los Gómez habían mantenido hacia Samper se transformó en una oposición firme. Enrique Gómez, reelegido senador en 1994, la ejerció desde el Congreso, mientras Álvaro Gómez, recién regresado al país tras desempeñarse como embajador en Francia, la sostuvo desde la prensa.
Ya desde abril de 1995, ante el Centro de Estudios Colombianos, uno de los centros de pensamiento conservador reconocidos en el país, Álvaro Gómez pronunció una conferencia cuyo título anticipaba su diagnóstico: “el enemigo de Colombia es el régimen”. Partía de la idea de que al país lo aquejaba un estado de cosas, el “régimen”, en el cual la política se ejercía bajo el peso de la inercia y de los intereses creados en torno al manejo del presupuesto y la legislación estatales, fenómeno que, si bien involucraba al gobierno de turno, lo trascendía. Tal situación, añadía Gómez, se empeoraba con el negocio de la droga. Las autoridades estadounidenses impulsaban con firmeza una política de proscripción y la consecuente represión de los agentes vinculados con dicho negocio, pero al mismo tiempo, indicaba Gómez, eran “cómplices de los narcotraficantes al empeñarse en prolongar la prohibición de la droga, que es la base del negocio para ambos”. Por ende, la corrupción y el terrorismo derivados del narcotráfico, que eran agravados por el “régimen” que sometía al país, aparecían como una consecuencia lógica de una prohibición que Colombia se había comprometido a respaldar ante las Naciones Unidas y por la cual había asumido enormes sacrificios. Estos suplicios, según Gómez, “son tanto más valiosos cuanto no existe el convencimiento de que ese sea un buen camino, de que son débiles los fundamentos éticos que respaldan nuestra acción represiva y de que los Estados Unidos han resultado unos malos socios”.
No deja de ser curioso que Álvaro Gómez, hijo de un senador y presidente de Colombia, así como líder del Partido Conservador durante décadas, y quien participó en política desde la primera mitad del siglo XX gracias a sus conexiones familiares, impugnara en cierta medida el estado de cosas y la organización política del país, a pesar de provenir de sus propias entrañas, de ese “régimen” cuya definición resultaba lo bastante ambigua como para no excluirlo de responsabilidad en su funcionamiento.
Con el asesinato de Gómez no desapareció su propuesta de legalización de las drogas. Su hermano Enrique continuó defendiéndola durante su trayectoria como senador, que concluyó en 2010, y hasta su muerte en 2019. Otras voces, sin invocar necesariamente la autoridad de Álvaro Gómez ni coincidir plenamente con su planteamiento, han reconocido la pertinencia del debate sobre la legalización. Figuras tan diversas como Andrés Felipe Arias, Fernando Londoño y Viviane Morales, quien presentó en 2001, cuando era senadora, un proyecto orientado a la legalización de las drogas, así como los autores de los informes de la Comisión de la Verdad de 2022, mantuvieron esta discusión en la esfera pública nacional, aunque de manera marginal.
Que Álvaro Gómez Hurtado haya sido uno de los primeros dirigentes políticos colombianos en defender públicamente la legalización de las drogas, en particular de la cocaína, resulta significativo por su pertenencia a una corriente central del conservatismo colombiano. Por ello, esta posición difícilmente puede separarse de las referencias que el presidente actual hace a su pensamiento, especialmente cuando, al mismo tiempo, sostiene una política contraria frente a las drogas y el narcotráfico.
De hecho, puede resultar llamativo que, frente al tradicional moralismo conservador en torno a las drogas, uno de sus referentes políticos, como Álvaro Gómez, defendiera su legalización. Sin embargo, esta posición no implicaba necesariamente una contradicción con ciertas premisas del conservatismo. Los hermanos Gómez reconocían el consumo de drogas como un problema moral y de salud, al punto de que Enrique lo calificaba como una endemia, y no relativizaban los efectos asociados a la adicción. Pero también sostenían que las drogas constituían un mercado y que, desde esa perspectiva, su prohibición resultaba contraproducente al convertirlo en un mercado ilegal, con los efectos económicos, políticos y sociales derivados de esa condición.